El gobierno de Baleares lo tiene claro: Nula capacidad de consenso y gobierno a través de decreto-ley. La última demostración este mismo martes aprobando el decreto ley de medidas urgentes en materia urbanística que deja sin efecto las normas urbanísticas incluidas en las leyes de suelo, turística y agraria, aprobadas en la legislatura anterior. Así, de un plumazo y de forma unilateral. El decretazo acaba con el consenso. El más amplio al que se había llegado, por cierto, en la elaboración de la ley agraria.
¿Qué se pretende con esta norma? Según indican nuestros dirigentes de la izquierda nacionalista “un nuevo modelo económico sostenible en las islas, y en contra de la especulación urbanística y del territorio”. Pues bien. Nada de eso se va a conseguir con las medidas aprobadas. Al contrario. Va a suponer un perjuicio para los ciudadanos por la pérdida de inversiones y de nuevos empleos, y el abandono del territorio y del sector primario.
El perjuicio que ocasiona este nuevo decretazo es amplio. Sólo me detendré en algunos aspectos que me han llamado la atención; como es la paralización de las obras de mejora en hoteles y prohibir los cambios de uso, lo que va a suponer la paralización de más de 400 millones de euros de inversión y la disminución en el empleo directo e indirecto probablemente superior a 15.000 puestos de trabajo anuales.
Si queremos mejorar la calidad de nuestros establecimientos deberemos mejorarlos, ¿no?, y si queremos dar salida a hoteles y hostales que llevan más de 30 años cerrados ¿qué mejor que cambiar su uso para que se puedan reconvertir en viviendas? Comparen el estado de hoteles y hostales abandonados en la localidad mallorquina de Cala Figuera, por ejemplo, con la reconversión en viviendas de lujo del antiguo hotel UTO Palace de Cala Mayor, en Palma.
Si bien tengo que reconocer que lo que más me sorprende es la prohibición de construir campos de golf y de polo para “proteger el territorio”.
No hay equipamiento más integrado en el entorno y más sostenible que un campo de golf: Una zona verde beneficiosa para la fauna, sobre todo ornitológica, que utiliza agua depurada, no potable.
Si bien es cierto que actualmente en Baleares la oferta de campos de golf es suficiente, también lo es que la alta presión fiscal de la administración pública pone en riesgo la viabilidad económica de algunos campos.
Aún es más sangrante la prohibición de construir campos de polo. Un campo de polo es una extensión verde de 275 metros de largo como máximo y de 180 metros de ancho como máximo, si es abierta, y 146 metros, si tiene tablas. Evidentemente este campo verde necesita de unas mínimas instalaciones para el correcto cuidado de los caballos participantes en la competición como son las cuadras y algún pequeño almacén para los utensilios propios de una actividad que conlleva la contratación de un número importante de empleos directos e indirectos. A su vez, si tenemos en cuenta que un campo de polo reúne entre 100 y 150 caballos estamos hablando de un consumo diario de alrededor de 1.000kg de pienso, y cientos de alpacas de heno. Productos agrícolas que se comprarían a los agricultores de las islas tan necesitados de ventas para su propia subsistencia y la de sus campos de cultivo. Un balón de oxígeno para una agricultura y ganadería balear deficitaria al no poder competir con las grandes explotaciones de todo el mundo.
Además, el polo y el golf atraen un turismo de calidad de alto nivel adquisitivo que a su vez activa una importante oferta complementaria con un efecto desestacionalizador evidente: Los países europeos con más aficionados no pueden jugar en invierno debido a sus condiciones climatológicas.
Nuestros dirigentes no entienden que la protección del territorio es perfectamente compatible con estas actividades. Es más, como vemos en el caso del polo, son muy beneficiosas para el sector primario y su entorno paisajístico cada vez más abandonado.
Garantizadas la sostenibilidad y la protección del territorio, impedir estas inversiones, y la creación de empleo que conllevan, es altamente perjudicial para nuestra sociedad en su conjunto.
Es asombroso, cuando no triste, que nuestros dirigentes no tengan claro qué modelo turístico queremos para Baleares. Éste debería ser el resultado de un gran pacto entre los sectores implicados y las fuerzas políticas mayoritarias, a fin de dotar de seguridad jurídica y estabilidad a nuestro sector estratégico. Lamentablemente el consenso y el pacto en favor del interés general han sido sustituidos por los prejuicios, la demagogia, y la ignorancia.
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