El caso Cloaca se enjuiciará el día 6

La Audiencia de Palma acogerá a partir del 6 de julio el juicio del llamado caso Cloaca en el que la Fiscalía pide 7 años de prisión para la exconsellera de Cooperación Local de Mallorca Catalina Julve, por prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude, al beneficiar a empresarios afines a UM.

La sección primera juzgará a Julve y otros cuatro acusados del caso Cloaca entre el 6 y el 10 de julio.

En su escrito de acusación, los fiscales Miguel Ángel Subirán y Juan Carrau solicitan la misma pena de 7 años por delitos similares para Coloma Castañer, secretaria técnica del citado departamento del Consell de Mallorca cuando presuntamente se produjeron los hechos (2005 y 2006) y para el empresario Simón Galmés, beneficiario de dos adjudicaciones supuestamente fraudulentas por un valor total de 545.000 euros.

También están acusados los empresarios César García Rullán y Miguel Rullán Coll, para quienes se proponen condenas de 4 años de prisión en cada caso, por una adjudicación presuntamente irregular de casi 30.000 euros y por favorecer otra que se otorgó a Galmés.

Según el relato de la Fiscalía, Castañer y Julve se concertaron con los tres empresarios, afines a la extinta Unió Mallorquina (UM), para adjudicarles, primero a los responsables de la empresa Rullán (los dos con ese apellido) y luego a Galmés, sendas adjudicaciones para la provisión de 2.150 sillas por casi 30.000 euros en cada caso.

Esas sillas, según Carrau y Subirán, ni eran necesarias ni hay constancia de que fueran entregadas, ya que no están en poder del Consell de Mallorca.

Además, la exconsellera y la antigua secretaria técnica a su cargo, según la acusación, impusieron a las empresas adjudicatarias de la recogida selectiva de residuos la contratación de la empresa de Galmés para llevar a cabo un trabajo de inspección del servicio que nunca se realizó.

Esa sociedad se embolsó 515.000 euros por el trabajo ficticio entre 2006 y 2010 que abonaban las adjudicatarias tras repercutir el gasto al Consell, con lo que el dinero procedía de las arcas públicas.

Anticorrupción reclama además responsabilidades pecuniarias por 575.268 euros para los cinco acusados.