El gasto en prestaciones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes, alcanzó los 233,8 millones de euros en los dos primeros meses del año, un 30% más que en el mismo periodo de 2011, mientras que en el caso de Baleares el gasto fue de 3,7 millones, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
En concreto, las comunidades autónomas que absorbieron la mayor parte de las prestaciones del Fogasa hasta febrero fueron Cataluña (61,5 millones), Andalucía (27,2 millones), País Vasco (24,4 millones), Comunitat Valenciana (23,8 millones), Madrid (18,08 millones) y Castilla y León (11,9 millones).
Les siguieron las regiones de Castilla-La Mancha (10,6 millones), Galicia (10,1 millones), Aragón (10,01 millones), Asturias (7,3 millones), Canarias (6,3 millones), Murcia (6,08 millones), Baleares (3,7 millones), Extremadura (3,5 millones), Cantabria (3,2 millones), Navarra (3,04 millones), La Rioja (2,06 millones), Ceuta (322.200 euros) y Melilla (279.700 euros).
De la cuantía a nivel nacional, casi 77,5 millones de euros correspondieron al pago de salarios, un 18,2% más que en los dos primeros meses de 2011, mientras que 156,3 millones se dedicaron al pago de indemnizaciones, con un repunte del 36,7%.
Hasta febrero, el Fogasa abonó 95,6 millones de euros, un 25,6% más, en prestaciones derivadas de ejecuciones laborales, en las que se incluyen los salarios e indemnizaciones pendientes de pago motivados por la declaración de insolvencia provisional o definitiva de las empresas.
Por su parte, el organismo dedicó algo más de 82,1 millones, un 14% más que hasta febrero de 2011, a prestaciones derivadas de procedimientos concursales (salarios e indemnizaciones fruto de la suspensión de pagos, quiebra y concurso de empresas, así como procedimientos transnacionales).
Asimismo, destinó 56,06 millones de euros, un 77% más, a pagar las indemnizaciones que son de su responsabilidad directa y para las que no se requiere la declaración de insolvencia o concurso de la empresa. En este apartado se incluye parte de las indemnizaciones por despido procedente o extinción colectiva en empresas de menos de 25 trabajadores asignadas por la última reforma laboral.
Según los datos del Ministerio, un total de 42.056 trabajadores percibieron prestaciones en los dos primeros meses, un 40% más que en igual periodo de 2011, y los expedientes resueltos afectaron a 19.419 empresas, lo que supone un incremento del 44,5% sobre enero-febrero de 2011.
Entre los perceptores de las prestaciones abonadas por el Fogasa hasta febrero, el 25,7% pertenecían a la construcción, con 10.840 beneficiarios, mientras que el 21,4% trabajaban en los otros servicios (8.994), el 18,1% en la industria manufacturera (7.610 beneficiarios), y el 9,9% en el comercio mayorista y minorista y reparación de vehículos a motor (4.175).
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