Dos nuevos despidos improcedentes en empresas públicas del Govern

El Juzgado de lo Social número 2 de Palma ha estimado una demanda interpuesta por UGT y ha declarado improcedente el despido de dos empleados del servicio de emergencias 112, informa el sindicato.

La sentencia obliga al Govern balear a readmitir en sus puestos a los trabajadores despedidos mediante el procedimiento de amortización de plazas o a pagarles una indemnización de 45 días por año trabajado, lo que supone 17.581 euros en un caso y 23.656 en el otro.

El juez declara los despidos improcedentes porque la empresa pública, dependiente del Govern balear, no cursó los despidos como objetivos por causas económicas, técnicas y organizativas.

En este sentido, UGT manifiesta que esta nueva sentencia vuelve a dar la razón al sindicato en que el cese de los trabajadores indefinidos no fijos del sector público no puede llevarse a cabo mediante amortización de plazas sin más y en que no se puede despedir sin indemnizar.

Asimismo, la resolución coincide en una de las tesis planteadas por UGT en su demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) contra el conjunto de despidos en las empresas públicas por no haberse realizado en un proceso unitario de reestructuración.

"Siendo un problema que concierne a múltiples empresas públicas distintas, es adecuado un proceso unitario para así poder ser enjuiciado el conflicto creado en el seno de la administración sin la generación de múltiples despidos objetivos individuales", señala la sentencia.

Para UGT el juez expone la idoneidad de abordar el proceso de despidos desde la perspectiva colectiva por considerar a la Administración como un ente público único.

El sindicato reitera su confianza en que su demanda ante el TSJIB prospere y que resuelva que el procedimiento para despedir a más de seiscientos trabajadores de las empresas públicas utilizado por el Ejecutivo autonómico no se ha ajustado a derecho y por tanto que la totalidad de los despidos son nulos.

UGT pide al Govern "que reflexione y rectifique todo el proceso de reestructuración para garantizar tanto los derechos de los trabajadores como para evitar un grave quebranto a las arcas públicas de la comunidad".