Denuncian que ayuntamientos de Baleares discriminan el castellano

Más de un 13% de los ayuntamientos de Baleares solo ofrecen su contenido web en catalán marginando así el uso del castellano. Esta es una de las conclusiones que la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística (ANLL) ha dado a conocer en su “Informe sobre bilingüísmo institucional”, cuyo objetivo es ofrecer a la Defensora del Pueblo, y a la sociedad en general, una visión directa y comparada del papel del castellano como lengua oficial del Estado en las Instituciones Públicas de aquellas comunidades en que coexiste con una lengua propia de esa comunidad autónoma. El estudio se ha desarrollado sobre un total de 2118 ayuntamientos de Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares, a los que hay que sumar 271 de Navarra donde rige el régimen de zonalidades y donde no se ha detectado ningún caso en el que no se ofreciera el contenido web en castellano. Los datos ofrecidos por la ANLL señalan las siguientes cifras: en Baleares se han estudiado 67 municipios y en 9 de ellos no se ofrece el contenido web en castellano, lo que supone un 13,43%; en Valencia se han estudiado 540 municipios de los cuales 54 no ofrecen contenidos en castellano, un 10%; en el País Vasco han sido 251 los ayuntamientos analizados y tan solo en 7 no tienen contenidos en castellano, o lo que es lo mismo, un 2,79%; de los 314 municipios analizados en Galicia, 99 no ofrecen sus contenidos en castellano, un 31,52%; y por último, Cataluña, donde de los 946 municipios analizados, 699 no dan oportunidad de acceder al contenido en castellano, un 73,89% Las conclusiones que extraen desde la ANLL son la confirmación de la situación marginal del castellano, tanto en ayuntamientos gobernados por partidos nacionalistas como por partidos de ámbito nacional. También denuncian el uso de las lenguas como motivo de confrontación política y de imposición lingüística en la que los derechos y libertades individuales de los ciudadanos ha sufrido algún tipo de menoscabo. Ejemplo de ello, señalan, serían las multas que se han impuesto en Cataluña por rotular en catalán o la obligatoriedad de saber catalán para ejercer la sanidad pública en Baleares lo que impide “a cientos de médicos, enfermeros y demás personal sanitario ejercer el derecho constitucional a la libre circulación, elección del puesto de trabajo y residencia en España”. Por ello, la ANLL pretende enviar 868 quejas a los ayuntamientos que no oferten en castellano y, a partir de las respuestas que se obtengas, elevar dichas quejas a los correspondientes Defensores del Pueblo Autonómicos.