Que en Balears hay un grave problema de acceso a la vivienda de alquiler es algo que a nadie se le escapa. Que este problema adquiere tintes más que alarmantes en islas como Eivissa y Formentera es notorio, cuando por ejemplo la Conselleria de Salut debe acondicionar algunas instalaciones en desuso, como el viejo hospital de Can Misses, para procurar alojamiento al personal sanitario que de otro modo no tiene dónde vivir dignamente. Y hablamos de trabajadores públicos con un puesto de trabajo y un sueldo estable.
La formación política Proposta per les Illes, el Pi, defiende que las residencias militares que hay en Balears, podrían aparcar su hasta ahora función lúdica y vacacional, para contribuir y poner su grano de arena en paliar la problemática del alojamiento de empleados públicos de las distintas administraciones o también de aquellas personas que por causa sobrevenida se han quedado sin hogar. A tal fin, el Pi sugiere que el Ministerio de Defensa ceda la gestión de las residencias militares e incluso su titularidad a los Consells Insulars o al Govern autonómico.
El Parlament ya se mostró favorable a esta iniciativa en mayo del año pasado, pero hasta ahora no se ha avanzado en este sentido y la necesidad es mayor a cada día que pasa. No se trata de un capricho, sino de una actuación que persigue el bien común, al que el departamento que preside María Dolores de Cospedal no debiera oponerse, sino colaborar al máximo y arrimar el hombro para paliar esta flagrante necesidad de alojamiento temporal de trabajadores públicos y otros colectivos vulnerables.
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