Cuatro detenidos por contratos fraudulentos y obligar a los trabajadores a hacer 16 horas al día

La Policía Nacional ha dado por finalizada la operación "Tarik", desmantelando un grupo criminal dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en Palma, obteniendo cuantiosos beneficios económicos. Con la operación se han detenido a tres personas de origen pakistaní de 34, 37 y 38 años y un empresario español de 39.

De la investigación que comenzó la Policía Nacional semanas antes, un empresario mallorquín de nacionalidad española, en connivencia con otro empresario paquistaní asentado en la isla, favorecían el traslado desde Paquistán y desde otros puntos de la Península, a varones de mediana edad de nacionalidad paquistaní a los que ofrecían unas condiciones laborales ficticias que no se correspondían con lo pactado verbalmente.

Según señala la Policía Nacional en un comunicado, "estas personas no fueron regularizadas, trabajando con documentación falsa a nombre de otros extranjeros los cuales sí que estaban en situación regular, utilizando las mismas documentaciones fraudulentas para trabajar indistintamente en varias empresas de la isla".

Las jornadas laborales eran de 16 horas diarias, "en condiciones laborales de seguridad e higiene muy deficitarias o nulas". "Además -señala el comunicado-, de trabajar en estas condiciones los trabajadores irregulares no recibían en la mayoría de los casos ni el diez por ciento del salario contratado inicialmente, siendo ;amenazados y en ocasiones hasta agredidos al objeto de atemorizarlos para que no denunciasen su situación".

En sus investigaciones, la Policía Nacional detectó "una red asentada entre la península y las Islas Baleares que, con ánimo de lucro, se dedicaba a facilitar documentación de personas de nacionalidad pakistaní que se encontraban en situación legal en España a otros súbditos pakistaníes que venían engañados desde sus países de origen, y en ocasiones desde otros puntos de la península para trabajar en las empresas investigadas donde explotaban laboralmente a estos extranjeros".

El “modus operandi” utilizado por los empresarios investigados consistía en darse de alta en el Régimen General de la Seguridad Social mediante una asignación de NIE de la Unión Europea, a través de un pasaporte sustraído a un ciudadano del Reino Unido el cual le habían modificado la fotografía de la página biográfica, gestiones que fueron verificadas por Europol.

Durante los registros practicados se han intervenido documentación registral de las empresas ficticias, documentación registral de las altas en el Régimen General de la Seguridad Social utilizando la documentación falsa y nóminas de trabajadores.