La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha defendido este viernes que "no existe ninguna irregularidad o ilegalidad" con la indemnización por residencia de 22.000 euros anuales que cobran algunos cargos públicos que en el momento de su elección no se encontraban residiendo en Mallorca, y ha considerado que "otra cosa es el debate político que luego pueda surgir".
Así lo ha expresado tras ser preguntada por las el informe que ha enviado al Parlament la Oficina Anticorrupción que incluía varias recomendaciones acerca de esta cuantía. Entre ellas, la Oficina considera que no deberían de abonarse 22.000 euros directamente, sino una cantidad acorde con los gastos debidamente justificados derivados de no tener una residencia principal en la isla.
En este sentido, Costa ha señalado que el informe ha sido remitido a los grupos parlamentarios y ha explicado que, por el momento, el Govern no está planteándose poner en marcha dicha propuesta. Sin embargo, ha dicho que "evidentemente respetan el informe" y que, como cualquier medida, "ha de estudiarse".
Asimismo, ha reiterado que esta indemnización se aprobó hace 20 años y que, tampoco ha sufrido ninguna modificación en los últimos cinco o diez años.
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