Claroscuros en el proyecto de Ley General Turística

La nueva Ley del Turismo es importantísima para Baleares porque afecta a la actividad económica más relevante y ayudará a configurar el futuro de este sector que, a falta de alternativas, sigue siendo prácticamente el único motor de la creación de riqueza. Por lo tanto, exige la participación social, sobre todo de los agentes implicados.

La ley presentada por el Govern tiene algunas medidas bien planteadas: es plausible que sólo los hoteles que ofrezcan un nivel de calidad elevado y que se mantengan abiertos un mínimo de ocho meses al año puedan obtener los ingresos adicionales que supone la venta de parte de sus instalaciones para uso compartido o condoteles. Esto, se supone, incentivará la renovación y el alargamiento de la temporada. La idea central impulsa, pues, un proceso que siempre debimos fomentar y que en los últimos diez años quedó un poco estancado. Sólo corre el riesgo de, teniendo presente la tremenda falta de dinamismo del sector, quede en nada porque no se acoge nadie.

Junto con esta propuesta loable, no parece ya admisible esta historia de seguir prorrogando la legalización de plazas turísticas y anunciando más dureza en las sanciones. Aquí ya no se trata de dar más plazos o de agravar las multas, se trata de algo más simple: aplicar las sanciones; se trata de ir al hotel y, pese al nombre del propietario, sancionar si es que toca. Ahora, en el caso de las plazas ilegales, parece que se volverán a conceder otros cuatro años (curiosamente hasta final de mandato) para poner en orden algo que nunca debió mantenerse ni un minuto. Es decir: otra vez dejamos que la ilegalidad campe a sus anchas, precisamente cuando los propios hoteleros dicen que sobran plazas.

El trámite parlamentario debería mejorar este proyecto que, como dice el conseller, requiere el máximo respaldo. Pero no se preocupen, nadie tocará lo de los cuatro años de prórroga en el cierre de plazas ilegales. Si acaso, pedirán pasar a ocho años.