Cita radiológica once meses después

Una llamada telefónica me sorprendió el miércoles a media mañana. No por la llamada en sí, sino por tratarse de un asunto que tenía completamente olvidado después de tanto tiempo. La voz de una señorita preguntaba por mi nombre y me recordaba que tenía solicitada una resonancia magnética para la espalda desde…¡junio de 2022!. Once meses después, se ponían en contacto para darme la correspondiente cita para la prueba radiológica. “Pues la verdad señorita es que ya ni mi acordaba y no porque hayan desaparecido mis dolencias”, le comento a la encargada de comunicarme la noticia. “Tiene usted cita para el 20 de mayo -un sábado- a las 19:40h. ¿Le reservo?”, me dice. “Sí, claro”, le contesto. Como para decirle que no y tener que volver a esperar otros once meses.

Así que casi un año después de haberla solicitado a mi médico de cabecera, tendré que ir un sábado por la tarde (no había otro día en la semana) a hacerme la resonancia a un centro sanitario que tampoco es público. Y yo me pregunto, ¿dónde están los 5.000 sanitarios que Armengol repite una y otra vez que se han incorporado a la sanidad pública a lo largo de los años de su mandato? Si después de disponer de los presupuestos más elevados en la historia de esta Comunidad y de incorporar tantos profesionales sanitarios como dice el Govern que se han incorporado, uno tiene que esperar once meses para hacerse una resonancia y, encima, que te la hagan en un hospital privado, es que la propaganda política y la realidad nada tienen que ver y el sistema no funciona.

Y a estas alturas ya no puede valer como excusa la pandemia del COVID, porque si tanto se ha mejorado el sistema público sanitario en estos últimos años, o eso es lo que nos cuentan desde el Govern su presidenta o la consellera de Salut cada vez que se manifiestan públicamente, es una vergüenza que tengamos las listas de espera que tenemos tanto para operaciones, como para citas con el especialista o para someterse a una prueba diagnóstica. Si el aumento presupuestario y el incremento de la plantilla pública sanitaria no se traslada en beneficio del administrado, algo está fallando.

No me extraña, por ello, que desde la oposición se haya anunciado que si hay cambio de Govern a partir del 28M, encargarán una auditoría del IB-Salut, para poner luz y taquígrafos a la gestión de la sanidad pública en nuestras islas, y ver cómo se han administrado miles de millones de euros durante los últimos años. El Govern ha presupuestado 2.300 millones de euros en políticas de salud para este 2023, lo que supone un 10 por ciento más que en 2022, y el grueso corresponde al IB-Salut, con 2.193 millones de euros. Para que se hagan una idea, hablamos de mil millones más de presupuesto que en 2015, cuando la Conselleria de Salud disponía de 1.317 millones de euros en el último año del Govern PP. Mil millones sobre un presupuesto global de 7.000 millones que tiene la CAIB es una cantidad demasiado elevada como para que no tenga una incidencia directa en el servicio.

No se discute que se destinen más recursos públicos a la atención sanitaria. Es evidente que se destinan muchos más. Se discute la optimización de dichos recursos y si, realmente, se emplean con rigor y, sobre todo, con la eficacia necesaria que requiere la gestión de lo público. Es decir, ¿se utilizan bien nuestros recursos públicos? ¿El incremento de presupuesto de la administración ha repercutido en una mejora en los servicios prestados por ésta al ciudadano en los últimos años? ¿Tenemos mejores servicios públicos hoy que hace, por ejemplo, ocho años, cuando el presupuesto del Govern era casi la mitad? Por mi propia experiencia, es evidente que no.