Castro sobre el desmentido de Roca: "Yo sí que no miento"

El magistrado que instruyó el caso Nóos, José Castro, se atiene a la decisión del juez que investiga a Manos Limpias, Santiago Pedraz, de no citarle para declarar sobre la reunión clandestina que -asegura- le pidió el abogado de la infanta Cristina, aunque ha afirmado al respecto: "Yo sí que no miento". "Si yo mando un escrito es para que le hagan caso, si no se le presta atención habrá que soportar y aquietarse a esa decisión", ha dicho este miércoles Castro en declaraciones a Televisión Española, sobre la decisión de Pedraz de no llamarle a declarar como testigo en la causa abierta a Manos Limpias y Ausbanc.

Castro informó el viernes pasado al juez de la Audiencia Nacional de que días antes de que imputara a la infanta, el abogado de doña Cristina, Miquel Roca, le solicitó una reunión discreta y "clandestina" fuera del juzgado. El letrado respondió con un comunicado negando haber propuesto "ninguna entrevista secreta y confidencial".

El magistrado Pedraz acogió este martes los argumentos de la Fiscalía, que se había opuesto el lunes a la citación de Castro por entender que las "meras sospechas" "más o menos fundadas" sobre el contenido de la presunta reunión no pueden ser tenidas como prueba.

Sobre esa decisión de Pedraz, Castro ha dicho que "cada persona tiene su manera de proceder y habrá que respetarla". Y acerca de la propuesta de reunión por parte de Roca ha insistido: "Yo sí que no miento".

Pedraz instruye el caso Manos Limpias-Ausbanc, que investiga a los líderes de ambas organizaciones, Luis Pineda y Miguel Bernad, por estafa, extorsión, amenazas, fraude en las subvenciones, administración desleal y organización criminal.

Entre otras cuestiones investiga la presunta extorsión de Manos Limpias a los abogados de la infanta para retirar la acusación contra ella a cambio de 3 millones de euros.

Manos Limpias ejerce la acción popular en el juicio del caso Nóos que celebra desde el pasado enero la Audiencia de Palma y es la única parte que mantiene acusaciones contra la infanta Cristina, para quien reclama 8 años de prisión como cooperadora en dos delitos fiscales presuntamente cometidos por Iñaki Urdangarin.