Castro archiva el caso de la financiación de la sede del PP

Carpetazo a la investigación judicial sobre quién financió la sede del PP en Palma. El juez instructor, José Castro, toma esta decisión después de la retirada de la Abogacía de la causa.

José Castro archiva así la pieza que investigaba la financiación de las obras de reforma de la sede del PP balear, después de haberse apartado la Abogacía de la Comunidad Autónoma del ejercicio de la acción penal y haber pedido el archivo la Fiscalía.

La Abogacía de la Comunitat entiende que no tiene legitimidad para actuar en esta causa ya que no se investiga un delito que haya dañado a las cuentas públicas de las islas.

Los investigadores apuntaban a que los pagos corrieron a cargo del propietario de la constructora Bruesa, Antonio Pinal, a cambio de resultar favorecido con distintas adjudicaciones públicas durante el último mandato de Jaume Matas (2003-2007).

Una de las últimas diligencias que practicó Castro en el marco de estas pesquisas fue reclamar a distintos organismos y entidades bancarias documentación sobre un préstamo de 600.000 euros que un empresario realizó a favor del propietario de Pinal, a fin de averiguar si con estos fondos éste sufragó de forma irregular la adquisición y reforma del inmueble de los 'populares'.

En uno de los oficios de la causa, la Policía recuerda cómo el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos explicó en un escrito ante el juez que Pinal le invitó a cenar en el hotel Son Vida porque, según le transmitió, "has sido el único que has tenido huevos de decirme claramente desde el principio lo que pensabas sin engañarme, y que el proyecto tal cual no se podía ejecutar". Eso le costó al empresario, concluyó De Santos, el pago de la sede del partido.

Más en concreto, De Santos se refería al hecho de que Pinal ayudó en la compra del inmueble del PP a cambio de serle adjudicado el desarrollo de un proyecto urbanístico en los cuarteles de Son Busquets. Pinal le comentó que tenía un proyecto previsto y que para ello debía llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa, al frente del cual se encontraba entonces José Bono, puesto que los cuarteles eran propiedad de este departamento.

AUTORIZACIÓN FIRMADA POR JOAN MESQUIDA

De Santos relató, en el mismo escrito, que Matas le llamó más adelante para que acudiera a su despacho en el marco de estos hechos y al llegar, en lugar del expresidente estaba Pinal, que le dio una carta con la autorización del Ministerio, firmada por quien entonces era director general de Infraestructuras de Defensa, el mallorquín Joan Mesquida.

Por su parte, el extesorero del PP Luis Bárcenas explicó posteriormente la realidad de las aportaciones realizadas por Pinal y otros empresarios en relación a la sede, "pero no respecto a la reforma, sino a la compra de la misma, todo ello con el conocimiento del tesorero nacional Álvaro Lapuerta", según el oficio de la Policía.

Castro abrió en febrero del pasado año esta línea de investigación con el objetivo de indagar la financiación presuntamente ilegal del PP balear así como la adquisición de su sede. Desde hace más de seis años el juez se encuentra volcado en esclarecer si varias empresas financiaron de forma irregular las campañas electorales del PP de 2003 y 2007, mercantiles que a su vez resultaron favorecidas con contratos públicos.