Cáritas advierte de la "desesperada" situación del alquiler en Eivissa

La Mesa Contra la Exclusión Social ha advertido este jueves de la situación "desesperada" que genera la falta de vivienda de alquiler asequible en Eivissa, que favorece todo tipo de "abusos e irregularidades" y aboca a la marginalidad a trabajadores que se desplazan a la isla para emplearse en servicios turísticos. El delegado episcopal de Cáritas, Miguel Ángel Sánchez, el director de la entidad benéfica, Joan Marí Torres, y la trabajadora social Maite Barchín han denunciado esta situación al dar a conocer los acuerdos adoptados en la última reunión de la mesa.

El primero es acentuar la coordinación entre entidades e instituciones, bajo una dirección única, para combatir el problema, provocado principalmente por el alquiler de pisos residenciales a turistas sin ningún tipo de control.

Debido a la magnitud del problema, la mesa se ha reunido de forma ampliada, ya que a los miembros permanentes, que son respresentantes de todas instituciones, de Cáritas, Cruz Roja y Fundació Deixalles, se ha unido la mañana de este jueves la consellera de Vivienda y vicepresidenta insular, Viviana de Sans, la gerente de Fomento de Turismo, Ángeles Nogales, y responsables de Urbanismo y Turismo de todos los ayuntamientos.

Al comienzo de la reunión, Cáritas ha presentado un informe que advierte de la situación de hacinamiento en la que viven muchos trabajadores, que llegan a pernoctar en coches y a compartir un mismo piso para 16 personas.

Durante el encuentro también se propuesto soluciones "de largo alcance", como una reordenación del territorio para destinar más suelo a viviendas sociales e incrementar las inspecciones y sanciones como medidas disuasorias.

En este sentido, el delegado de Cáritas ha reclamado la imposición de multas, aunque sean simbólicas para el precio al que se alquilan los pisos, con el objetivo de terminar con la "sensación de impunidad".

Sánchez explicado que la mesa está en contra del proyecto de ley del Govern balear para regularizar los alquileres turísticos, "porque esta liberalización provocará en Ibiza una situación imposible de gestionar".

Aunque en este problema "una parte de la población saca provecho de la otra", según el delegado, se trata de una problemática que finalmente afecta a toda la sociedad ibicenca, por la falta de trabajadores o sanitarios que se niegan a venir a la isla.

Por su parte, la vicepresidenta del Consell ha comunicado que la institución está poniendo en marcha un programa informático para detectar alquileres ilegales y baraja de cara al futuro la gestión de edificios vacíos por parte de los ayuntamientos para albergar a trabajadores de temporada y la apertura de oficinas municipales para ofrecer alquileres.

También se ha puesto sobre la mesa la fórmula de que se comparta vivienda por parte de personas ancianas con trabajadores y, sobre todo, se apela a la solidaridad de la población en general.

De forma más inmediata, ha señalado Miguel Ángel Sánchez, "servicios sociales de todos los ayuntamientos van a tener que hacer un esfuerzo suplementario este verano para que las personas no caigan en exclusión social por falta de vivienda".