El Ayuntamiento de Calvià, gobernado por PP y Vox, está actuando con extrema dureza y contundencia ante las infracciones al decreto ley 1/2020, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad en zonas turísticas, cometidas por turistas y también por empresarios. Hace unas semanas el consistorio que preside Juan Antonio Amengual, impuso una multa de 161.000 euros a una empresa que ofertaba ‘party boats’ ilegales en Magaluf, donde además de llevar a cabo una actividad ilegal, se despachaba a los turistas alcohol de alta graduación en botellas sin etiquetar, lo que se conoce como servir ‘garrafón’. Ahora Calvià multa a cinco turistas extranjeros con 36.000 euros a cada uno y expulsión inmediata del hotel en el que se hospedaban, por pasar de un balcón a otro en hoteles de Magaluf.
Naturalmente, este tipo de sanciones económicas de elevada cuantía supone una disuasión por sí mismas, que se amplifica con su difusión entre los medios de comunicación. Porque no se trata de multas con finalidad recaudatoria, sino con un objetivo disuasivo y preventivo, de modo que nadie repita comportamientos indeseados, a veces gravemente perjudiciales para la salud de las personas, y en todo caso, perjudiciales para la imagen turística de Mallorca, algo a proteger.
La cesión de la competencia para sancionar el incumplimiento de las normas sobre turismo de excesos detectadas en Punta Ballena (Magaluf), por parte del Consell de Mallorca al Ayuntamiento de Calvià, ha dotado de mayor agilidad a los procesos sancionadores, como se puede ver. Esta rapidez y contundencia son claves para meter en vereda a los infractores. Y marca el camino a seguir por parte del resto de municipios concernidos en la erradicación del turismo de borrachera: Palma, Llucmajor y Sant Antoni de Portmany (Ibiza).
El consistorio calvianense demuestra haberse tomado muy en serio la lucha contra el turismo de excesos y el incivismo, que en otros puntos de Mallorca parecen campar a sus anchas. Demuestra así que a través de la coordinación entre administraciones y desde el rigor en la política de “tolerancia cero” se puede mejorar la situación y poner freno a quienes tanto perjudican la imagen turística y el futuro del turismo en la isla.
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