Pese al bochorno, o debido al mismo -no lo sé-, el conseller Biel Company y el concejal Antoni Verger se han enzarzado en una riña a propósito de sus respectivas gestiones de lo ferroviario.
Company es un tipo cabal, a quien, como dicen los norteamericanos, le compraría sin duda un coche de segunda mano, pero que, al propio tiempo, como decimos por aquí, té es geni curt, lo cual en política es un handicap para evitar meterse en jardines inapropiados.
La trabucada de carro dispensada a Antoni Verger tiene, a mi juicio, mucho sentido en el fondo, pero se pierde en las formas, y en eso tiene razón el concejal.
Ahora bien, lo que no puede pretender Verger es que, una vez más –y van ya más de treinta años- las siglas de su partido amparen cualquier despropósito bajo la cobertura de la supuesta limpieza y honestidad de todos sus miembros, una filfa que han vendido muy bien, pero que quiebra a poco que se escarbe a dos centímetros de la superficie.
Digámoslo claro: La gestión ferroviaria del pacte, con Verger y Vicens al frente, fue una auténtica calamidad, una muestra de incompetencia y de irresponsabilidad política que nos hipoteca el futuro en inversiones que jamás veremos realizadas, pero que ya nos han costado decenas de millones de euros.
Por una milésima parte de esas cifras hay políticos en prisión. Claro, ellos se escudan en el discurso cansino de la falta de cumplimiento de Madrid con sus compromisos, pero lo alarmante es que, si desconfiaban tanto del gobierno central –y en eso no les faltaba razón-, cómo es posible que se atrevieran a iniciar unas obras de semejante volumen y, sobre todo, a comprar equipos –las máquinas del tren-tram- sin saber siquiera si algún día les podrían dar uso. Todo ello, al margen de la viabilidad del absurdo proyecto Manacor-Artà, que en lugar de prolongar una línea de tren, como hubiera sido lo lógico, pretendía que, para recorrer –como mucho- escasos 80 kilómetros, se hubiera de efectuar un trasbordo.
Y no es un caso aislado, recuerdo bien la costosísima campaña publicitaria del supuesto tranvía de Palma, una quimera onanista de los pesemeros, o la sonrojante reparación de un simple muro desplomado en la vía de Sineu a Manacor, que duró casi un año, ante la perplejidad del respetable.
Company tiene muchas razones para despotricar, pero el conseller no puede rebajarse a atacar personalmente a los anteriores gestores. Y, si considera que la gestión de éstos fue irregular, debe acudir a la fiscalía, donde, desde luego, no tiene garantía alguna de que le escuchen, pues para la justicia de este país es mucho más grave adjudicar irregularmente un contrato de 3000 euros que malgastar decenas de millones de euros públicos en proyectos irrealizables. Y así nos va.
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