AENA y la protección de los menores

Que AENA es una república independiente en la que la ley que obliga al resto de entidades y ciudadanos de nuestro país parece no regir es una evidencia cada día más palpable.

El cúmulo normativo para tratar de proteger a la infancia y la adolescencia en España frente a su exposición al riesgo de caer en el consumo de drogas de abuso -legales o no- resulta totalmente ignorado por el cortijo aeronáutico español, cuyo único norte es el de amasar pasta al precio que sea, incluyendo el de pagar con la salud de los menores.

La última reforma del aeropuerto de Palma no solo no nos ha librado del bochornoso tránsito obligado de los pasajeros por un comercio en el que se exponen como si fueran juguetes -e incluso cerca de estos- cartones de tabaco y bebidas alcohólicas de alta graduación, sino que lo ha complicado aún más, de manera que al dirigirnos a nuestra puerta de embarque penetramos forzosamente en un laberinto comercial en el que lo más difícil es encontrar la ruta de salida.

AENA, para empezar, se pasa por el forro el artículo 5.a) de la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, que, literalmente, establece que queda prohibida la venta y suministro de productos del tabaco en Centros y dependencias de las Administraciones públicas y entidades de Derecho público.

AENA se define como Entidad Pública Empresarial creada en 1991 y adscrita al Ministerio de Fomento del Gobierno de España. ¿Dónde está el truco? ¿Acaso el aeropuerto de Palma no es propiedad del Estado?

Y, si la mera venta de tabaco en una dependencia estatal supone ya una vulneración flagrante de la ley, qué decir de la grosera transgresión de la normativa en materia de protección de la infancia. Desde la Ley 1/1996, de protección jurídica del menor, pasando por la Ley Orgánica 8/2022, de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, hasta el actual proyecto de ley de prevención y consumo de alcohol por los menores. Excuso citarles la legislación autonómica y la de la Unión Europea para no aburrirles. Todas esas normas inciden en la creación de entornos seguros para niños y jóvenes, de forma que no se les induzca, entre otras cosas, a consumir drogas -legales o no- sometiéndoles a estímulos comerciales -absolutamente prohibidos- cuyo único objetivo es satisfacer la inmoral codicia de sus promotores.

AENA no solo se lucra indecentemente con productos que causarán daño a la salud y en última instancia la muerte de muchas personas -incluyendo, obviamente, los menores de edad-, sino que, con desprecio del Derecho, hace ostentación de ello. Si hace unos años entrar en un duty free requería un acto voluntario del pasajero, ahora es una obligación impuesta por el Estado Español, nada menos.

Mientras las autoridades sanitarias tratan de poner coto al enorme coste social y económico del tabaquismo y el alcoholismo, AENA contribuye a su expansión entre toda clase de público, infantil y juvenil, personas con enfermedades derivadas del consumo o agravadas por el mismo y resto de mortales, nunca mejor dicho.

En la mesa del Consejo de Ministros de nuestro país se sientan y comulgan mutuamente titulares que pretenden proteger a nuestros menores y aquellos otros cuyo presupuesto departamental engorda exponiendo a esos mismos menores a las consecuencias de la drogadicción. No cabe mayor bajeza moral.