Las medidas de “agilización procesal” dejan indefensos a los médicos

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ha rechazado de forma rotunda el anteproyecto de Ley de medidas de agilización procesal, que acaba de presentar el Ministerio de Justicia, porque de salir adelante, “a los médicos estatutarios les será prácticamente imposible defenderse de los múltiples atropellos e incumplimientos a los que les somete con frecuencia la Administración”. Y es que, “si los profesionales de la medicina ya tenían complicado hacer viables sus derechos desde que la ley del Estatuto Marco (2003) sustituyo la vía de lo Social por la Contencioso-Administrativa, inoperante por su lentitud, pues cuando se pronuncia la sentencia, el problema dilucidado a menudo ya no tiene arreglo”, una situación, que se quiso vender en su día a los médicos “como un progreso en su defensa jurídica”, ha venido siendo sistemáticamente denunciada por el sindicato, que ha pedido volver al procedimiento de lo Social, que era el que había servido tradicionalmente de cauce a las reclamaciones de los facultativos, una reivindicación de la que no sólo no se ha hecho caso sino que a partir de ahora “la situación puede ser mucho peor”. En este sentido, Simebal señala que el rechazo al anteproyecto aumenta cada día, así el comité permanente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha hecho suyas y liderará en el futuro las iniciativas emprendidas por las organizaciones autonómicas de Baleares y Galicia, porque, “lejos de solventar el problema, el Ministerio de Justicia amenaza ahora con complicarnos el ya escaso amparo judicial”. “De prosperar el anteproyecto de ley de medidas de agilización procesal que acaba de presentar el ministro Francisco Caamaño, el recurso por lo contencioso dejará de ser una vía extremadamente lenta -y por eso mismo inútil- para convertirse en un trágala”, afirma el Sindicato Médico de Balares. El anteproyecto establece, por un lado, “un aumento de las cuantías mínimas en litigio para poder recurrir en caso de no estar de acuerdo con la sentencia en primera instancia, cuantías que pasan de 18.000 euros fijados actualmente a los 50.000 si se apela a los tribunales superiores de justicia (TSJ), y, por otro, se amplían desde 150.000 a la desorbitada cifra de 800.000 euros en los recursos de casación ante el Tribunal Supremo”, señala. En este sentido, Simebal recuerda que, “dado que la entidad económica de la mayoría de los casos médicos en los juzgados no llegan a la primera cuantía (no digamos a la segunda), eso significa que en la práctica no se podrá recurrir la decisión que adopte el juez que nos toque en el primer reparto de diligencias judiciales”. NOVEDAD LESIVA Por otra parte, el anteproyecto contiene “la novedad lesiva para el médico de que se le impondrán costas siempre que se pierda el juicio (hasta ahora esta cláusula penalizadora sólo tenía vigencia en los supuestos de mala fe, que por ser difíciles de probar, casi nunca se aplicaban en la práctica judicial)”. Y todo ello se suma a la “voltereta introducida en el concepto de ‘silencio administrativo’, que a partir de ahora significa que se deniegan las intenciones del reclamante”. Así las cosas, la organización sindical de Baleares señala que no es de extrañar que en la carta, que desde CESM-Galicia, se ha enviado al ministro de Justicia se diga que si sigue adelante con su idea, hacerse médico en este país será un “verdadero suicidio laboral y social”, a la par que “se incrementará la tentación de los profesionales por irse a trabajar fuera de España, en particular a otras naciones de la UE mucho más consideradas que la nuestra con los profesionales que hacen posible la asistencia a los ciudadanos.”. En consecuencia, Simebal hace suyas las recomendaciones del presidente del sindicato médico gallego, el doctor Cándido Andión, quien señala que si de verdad se busca descongestionar el funcionamiento de la Justicia, “lo mejor sería recuperar la figura de los conflictos colectivos, donde en un sólo acto se pueden juzgar reclamaciones que, como ocurre con frecuencia en la sanidad pública, afectan a muchos profesionales y que normalmente no ocupan mucho tiempo a los jueces”. Igualmente, deja claro que si “el anteproyecto se aprueba tal como está, a los médicos únicamente les quedará la huelga quedará el recurso a la huelga para proteger sus derechos.”. “Por supuesto, a la CESM no se le oculta que la iniciativa legal no sólo afecta a los médicos estatutarios. También es válida para los funcionarios. Sin embargo, no es menos cierto que la especial complejidad de las condiciones laborales de los facultativos lleva a que en nuestro caso la litigiosidad sea mucho mayor. De ahí que veamos al anteproyecto del ministro Caamaño como un proyectil que acaba con nuestra ya precaria seguridad jurídica”, finalizan.