El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Palma, por medio del regidor Julio Martínez, pedirá al alcalde José Hila en el próximo Pleno municipal, previsto para el 28 de mayo, que “no permita al Gobierno central la utilización de los poderes excepcionales que le confiere el estado de alarma, ni otros subterfugios legales, para apropiarse de los ahorros de Cort vulnerando preceptos constitucionales y leyes en vigor puesto que, como indica el artículo 29 de la Ley del Gobierno, está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación”.

El PP instará al equipo de gobierno municipal a “defender los intereses del Ayuntamiento y de los ciudadanos de Palma” toda vez que existen fundadas sospechas de que el presidente Pedro Sánchez “está estudiando ‘confiscar’ el superávit generado en 2019 por las entidades locales así como los recursos que las mismas tienen en entidades bancarias” en base al precedente marcado por el impago a los ayuntamientos del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017.

Además, la formación también solicitará que se inste al Gobierno central a “respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos y del dinero público que es de todos y cada uno de los ciudadanos”.

En este sentido, Martínez apunta que el PP reclamará que en el supuesto de que se plantee modificar alguna de las leyes que afectan a la autonomía, hacienda o estabilidad financiera de las entidades locales “se validen dichas modificaciones en el Congreso de los Diputados, ante los legítimos representantes de todos los españoles, dado que la declaración del estado de alarma no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes del Estado” (Art. 1.4 de la Ley 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma excepción y sitio).

Por último, exigirá el cumplimiento de lo acordado por la FEMP y el Gobierno de España en la reunión de 20 de abril de 2020 en la que estuvo presente el Presidente del Gobierno “y en la que se acordó que no se planteasen cambios en el Congreso sin
estar previamente consensuados con las Entidades Locales”.

En opinión de Julio Martínez, las entidades locales “no pueden ser la tabla de salvación para un gobierno que, desde junio de 2018, ha sido incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, ha estado más pendiente de la propaganda que
de la gestión seria y rigurosa de los recursos de todos los españoles, que ha negado a Corporaciones Locales y las Comunidades Autónomas los ingresos que les corresponden por ley, como el IVA impagado de diciembre de 2017, y que ha conseguido el gran ‘logro’ de incrementar el déficit público español por primera vez desde 2012”.