La Administración autonómica y también la local buscan una solución para las personas que aún residen en las 73 infraviviendas que alquilaba un agente de la Policía Local de Palma en varias zonas de la ciudad, ya que la opción de precintarlas dejaría en la calle a gente que no dispone de alternativa habitacional. La cuestión afecta al menos a tres instituciones, que celebran este jueves una reunión para afrontar esta compleja situación.